El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado proyecta reducir entre 4.000 y 5.000 puestos de trabajo adicionales en organismos descentralizados antes de agosto. Esta nueva etapa del ajuste se implementará a través de programas de retiros voluntarios, una estrategia con la que el oficialismo busca recortar la plantilla estatal evitando la conflictividad judicial de los despidos directos.
El proceso ya muestra avances significativos, registrando la adhesión de unos 1.200 empleados en Anses, 1.000 en Vialidad Nacional y 400 en el INTA, a los que próximamente se sumarán nuevas convocatorias en el PAMI, RTA y Casa de Moneda. Las condiciones ofrecidas contemplan un pago equivalente al 90% del sueldo bruto por año de antigüedad, un desembolso inicial que el Gobierno asegura amortizar en un año con el ahorro salarial.
Esta medida profundiza el achicamiento del sector público iniciado en diciembre de 2023. Según datos del Indec, la planta del Estado nacional se redujo de 343.357 a 276.104 personas entre noviembre y marzo, lo que representa una baja de 67.253 puestos de trabajo y una reducción del 19,5% de la fuerza laboral estatal en los primeros meses de gestión.
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