Fin de los celulares en cárceles federales

El Gobierno Nacional oficializó una nueva normativa técnica que busca erradicar definitivamente el uso de dispositivos móviles dentro de los establecimientos penitenciarios federales. A través de una resolución conjunta entre el Enacom y el Ministerio de Seguridad, se estableció un protocolo de actuación que obliga a las empresas de telefonía móvil a proceder con la interrupción inmediata del servicio ante la detección de equipos activos en zonas restringidas. Esta medida refuerza los controles vigentes y apunta a desarticular la logística criminal que se opera desde el interior de los pabellones.

A diferencia de las estrategias de inhibición de señal tradicionales, que solían afectar la conectividad de los vecinos residentes en las inmediaciones de los penales, el nuevo sistema se basa en un bloqueo selectivo y preciso. El proceso se inicia con la identificación de los números de identificación de los equipos (IMEI) y de los módulos de identidad de suscripción (IMSI) que operan dentro del perímetro carcelario. Una vez validados estos datos por el Servicio Penitenciario Federal, las operadoras deben dar de baja tanto el aparato como la línea, impidiendo que los chips puedan ser reutilizados en otros dispositivos.

La implementación de esta tecnología busca dar una respuesta contundente a delitos complejos como las extorsiones, el narcotráfico y las estafas virtuales coordinadas desde las celdas. Al bloquear el IMSI, la normativa asegura que la tarjeta SIM quede inutilizada de forma permanente, incluso si se intenta trasladar a una zona fuera del alcance del penal. De esta manera, el Estado busca cerrar el vacío legal y técnico que permitía la circulación de teléfonos clandestinos, priorizando la seguridad pública sin interferir con los derechos de comunicación de la población civil que habita en las zonas aledañas.