Crisis en IOSFA: familias de fuerzas nacionales denuncian abandono total de salud

El calvario administrativo y prestacional que atraviesan los integrantes de las fuerzas de seguridad en el norte de nuestro país ha alcanzado un punto de no retorno. Bajo el peso de una crisis que combina deudas millonarias y una desatención que roza el abandono de persona, la situación de los afiliados a la obra social IOSFA en la ciudad de Orán refleja un panorama desolador. Bárbara Murdoch, esposa e hija de efectivos de Gendarmería Nacional, se convirtió en la voz de cientos de familias que, a pesar de cumplir rigurosamente con sus aportes mensuales, se encuentran hoy en una situación de absoluta orfandad sanitaria. El relato de Murdoch no solo expone la precariedad de un sistema quebrado, sino que pone de manifiesto cómo la desidia institucional impacta directamente en los momentos más vulnerables de la vida humana.

Durante el último año, la entrevistada debió enfrentar un embarazo de alto riesgo y un posterior parto prematuro sin contar con ningún tipo de respaldo por parte de la entidad. Al intentar gestionar la cobertura necesaria, la respuesta oficial fue derivarla al sistema de salud pública bajo el argumento de que la obra social se encuentra "inactiva", negando incluso la cobertura de internación o gastos de parto. Esta falta de respuestas obligó a la familia a deambular entre centros médicos y trasladarse a Salta capital en busca de asistencia, una odisea que Murdoch describió con profunda angustia al ver que los años de servicio y aportes de su familia no se traducían en la protección mínima garantizada por ley.

La gravedad del conflicto se extiende al ámbito institucional y financiero, afectando gravemente al Hospital San Vicente de Paul, centro de referencia en la región al que IOSFA adeuda la suma de 270 millones de pesos. Este incumplimiento crónico ha destruido la confianza de los prestadores privados y públicos; según el testimonio de la afectada, los profesionales médicos rechazan las órdenes de atención argumentando falta de pago desde hace años. Como consecuencia, los afiliados se ven obligados a costear consultas particulares o contratar medicinas prepagas adicionales para no quedar desamparados, incurriendo en un doble gasto que asfixia la economía familiar.

Resulta paradójico y alarmante que, mientras el servicio es inexistente, los descuentos en los haberes del personal se mantienen inalterables. Murdoch detalló que, según el rango salarial, las retenciones por grupo familiar oscilan entre los $150.000 y $200.000 mensuales. Esta exacción automática, que no encuentra contraprestación alguna, ha movilizado tanto a familias de Gendarmería como del Regimiento de Infantería de Monte 28. Lo que comenzó como una serie de reclamos individuales ha escalado hasta convertirse en una demanda colectiva por la recuperación de la dignidad y el derecho a la salud de quienes, paradójicamente, tienen la misión de proteger a la ciudadanía.