Tras un intenso fin de semana de operativos en el marco de las festividades de Semana Santa y eventos estudiantiles, el comisario Martín Leguizamón brindó detalles sobre las intervenciones de la Policía de la Provincia en el desarticulamiento de múltiples eventos irregulares. Según informó la autoridad policial, se detectaron un total de cuatro fiestas clandestinas que no contaban con ningún tipo de autorización municipal ni policial para su desarrollo. El operativo más crítico tuvo lugar durante la madrugada del domingo, cuando los efectivos irrumpieron en un "after" que congregaba a unas sesenta personas en el interior de un domicilio particular.
La preocupación central de las fuerzas de seguridad radica en la presencia masiva de menores de edad, contabilizándose más de 150 jóvenes en el total de los procedimientos. Leguizamón destacó que estas fiestas operaban bajo una fachada de eventos privados, pero en la práctica funcionaban como locales comerciales donde se cobraba entrada y se suministraban bebidas alcohólicas, incluso permitiendo que los mismos menores ingresaran con su propia consumición. En muchos casos, los organizadores intentaron justificar la actividad alegando que se trataba de celebraciones de cumpleaños de quince, sin embargo, la policía constató que el desarrollo de los eventos —con fines de lucro y falta de seguros obligatorios— distaba completamente de una reunión familiar.
Uno de los puntos más polémicos señalados por el comisario fue la actitud de los adultos responsables. Durante los operativos, varios padres que se encontraban en los lugares o se presentaron como referentes de los jóvenes cuestionaron la intervención policial, argumentando la dificultad de ir en contra de las demandas de sus hijos en fechas como el Último Primer Día (UPD). Ante esto, Leguizamón fue tajante al señalar que la policía no permitirá eventos donde se vulnere la integridad de los menores mediante el consumo de alcohol, subrayando que la primera responsabilidad recae sobre los progenitores, quienes en esta oportunidad actuaron incluso como "pseudo-organizadores" de las actividades ilegales.
Además de las infracciones por el expendio de alcohol y la falta de habilitación, los operativos derivaron en controles vehiculares en las inmediaciones de los domicilios, que generalmente eran quinchos o casas particulares denunciadas por los propios vecinos a través del sistema 911. Como resultado de estas tareas, se procedió al secuestro de tres motocicletas que presentaban irregularidades. Actualmente, todos los antecedentes de los propietarios de los inmuebles y de los organizadores han sido puestos a disposición de la Fiscalía, que será la encargada de determinar las responsabilidades civiles y el monto de las multas económicas bajo la Ley Contravencional de la provincia, considerando si existe reincidencia por parte de los involucrados.
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