Soberanía en riesgo: Salta duplica el promedio nacional de tierras en manos extranjeras

La provincia de Salta atraviesa una situación crítica en materia de tenencia y propiedad de la tierra rural, registrando niveles de extranjerización que duplican la media nacional y triplican la tasa correspondiente a la región del NOA. Este fenómeno genera una creciente preocupación en diversos sectores sociales, académicos y productivos que advierten sobre las consecuencias a largo plazo de la pérdida de control soberano sobre los recursos naturales, el agua y las extensiones productivas más preciadas del territorio provincial.

Al profundizar sobre esta problemática, la reconocida investigadora y periodista Silvia Noviasky aportó precisiones fundamentales al señalar que el avance de la titularidad extranjera sobre superficies clave del suelo salteño no es un hecho aislado, sino el resultado de políticas de flexibilización y de un mercado de tierras desregulado que favorece la concentración corporativa y de capitales transnacionales por sobre el arraigo local y la agricultura familiar.

Durante su análisis, Noviasky advirtió que este proceso de extranjerización impacta de manera directa en el tejido socioeconómico de las comunidades locales, desplazando a pobladores originarios, pequeños productores y campesinos que históricamente han habitado y trabajado estas tierras. Asimismo, remarcó que la falta de rigurosidad en los controles y en la aplicación efectiva de la Ley Nacional de Tierras Rurales permite que grandes porciones del territorio queden en manos de firmas extranjeras cuyos intereses económicos suelen contraponerse con el desarrollo sustentable y la soberanía alimentaria de la región.

Especialistas en la materia coinciden en que la concentración de la tierra en pocas manos y de origen foráneo profundiza las asimetrías estructurales de la provincia, limitando el acceso de las nuevas generaciones a la propiedad rural y consolidando un modelo extractivista. Ante este panorama crítico, se multiplican las demandas dirigidas a los organismos de control del Estado para exigir mayor transparencia, la actualización de los registros catastrales y la puesta en marcha de herramientas normativas que frenen la extranjerización desmedida y protejan el patrimonio territorial de los salteños.