
El interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, brindó un crudo diagnóstico sobre la situación de inseguridad y narcotráfico en el norte salteño, advirtiendo que la comunidad no está magnificando la gravedad de lo que ocurre cotidianamente en la región fronteriza.

Durante la entrevista, Zigarán cuestionó con dureza el paso de funcionarios provinciales y nacionales por la zona, señalando que realizan recorridos superficiales: "Muchos de los que tienen que dar respuesta de manera circunstancial a nuestra ciudad hacen un recorrido que es solamente para la foto, que no es real, porque no viven acá, su familia no vive acá y sus hijos no viven acá". En esa línea, remarcó que las respuestas oficiales suelen reducirse a "procedimientos y cruces azarosos" o "dos mugrosos allanamientos", cuando por estas fronteras pasa más del noventa por ciento de las drogas duras que ingresan al país.
El interventor advirtió que el consumo problemático de alcohol y pasta base está directamente vinculado al incremento de la violencia urbana, evidenciado en homicidios a plena luz del día y en enfrentamientos armados entre bandas locales y foráneas por disputas territoriales y de mercadería. Al respecto, reflexionó sobre la complejidad del escenario delictivo: "Aquí se están operando bandas que va a requerir de una intervención federal, de las fuerzas federales".
Asimismo, el funcionario analizó la efectividad de las estrategias de seguridad y criticó las decisiones desacertadas en materia logística. Sobre la instalación de cámaras de vigilancia, ejemplificó con su experiencia en el puesto 28: "Mi experiencia hizo que no se pierda plata en cámara cuando en realidad esto se soluciona a la vieja usanza, poniendo policías de incógnito y observando". También señaló que el Plan Güemes consume una enorme cantidad de recursos propios del Ministerio de Seguridad provincial, exigiendo que la Nación asuma su competencia: "No puede la provincia hacerse cargo de las competencias de nación".
Por último, Zigarán hizo hincapié en la necesidad de contar con radares estratégicos y herramientas legales como la ley de derribo, y alertó sobre el desgaste y la vulnerabilidad de las instituciones frente a la delincuencia organizada. "Estamos atravesados por un tema de corrupción en todas las instituciones que operamos en el norte del país", concluyó, destacando el valor del personal que trabaja con honestidad en medio de la selva y en constante peligro.







