La Cámara de Diputados de la Nación otorgó media sanción al nuevo Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una normativa diseñada para atraer capitales superiores a los USD 1.000 millones destinados a sectores estratégicos y de alta tecnología. Con un resultado ajustado de 130 votos a favor y 106 en contra, el oficialismo logró avanzar con el proyecto gracias al respaldo de bloques aliados como el PRO, la UCR, el MID y otros sectores federales. Este marco legal busca fomentar el desarrollo en áreas clave como la minería de litio, la energía renovable, los centros de datos y la Inteligencia Artificial.
El núcleo de la iniciativa radica en una serie de beneficios fiscales y regulatorios diseñados para garantizar la estabilidad durante un período de 30 años. Entre los incentivos más destacados se encuentran una alícuota reducida del 15% en el Impuesto a las Ganancias, la exención de aranceles para importaciones de bienes de capital y la eliminación de retenciones a las exportaciones para los proyectos alcanzados. Asimismo, el régimen establece límites a la presión tributaria provincial y municipal, prohibiendo tasas sobre las ventas y estableciendo topes para el Impuesto a los Ingresos Brutos, con el objetivo de ofrecer un escenario de previsibilidad a largo plazo para los inversores extranjeros.
Para lograr los consensos necesarios, el texto original fue modificado incorporando ciertas exigencias vinculadas al desarrollo local y la sostenibilidad. Entre estas nuevas cláusulas se destaca la obligación de presentar un plan de proveedores locales, que deberá representar al menos el 20% de las contrataciones de bienes y servicios, siempre que se respeten condiciones de precio y calidad competitivas. Además, se habilitó el cómputo doble de las inversiones destinadas a investigación y desarrollo, y se incluyó la obligatoriedad de presentar informes técnicos sobre el impacto ambiental y social de los proyectos en las zonas donde operarán.
A pesar de los cambios, la propuesta sigue siendo foco de un intenso debate político y económico. Sectores de la oposición han manifestado duras críticas, advirtiendo sobre una potencial cesión de soberanía al permitir que las disputas legales se diriman en tribunales internacionales. Asimismo, diversos legisladores cuestionaron el esquema de beneficios, argumentando que otorga privilegios desproporcionados a grandes empresas en detrimento de la economía local, y alertaron que el régimen podría profundizar un modelo meramente extractivista que, lejos de dinamizar la industria nacional, limite el desarrollo integral de las provincias. El proyecto deberá ahora ser ratificado en el Senado para su aprobación definitiva.
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