"Parece más una empresa de encomienda que de transporte": El duro cruce de Aguas Blancas con la empresa San Antonio

​El interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, brindó detalles sobre la compleja situación que atraviesa la localidad en materia de transporte, control vehicular y seguridad fronteriza. En primer lugar, abordó el conflicto con la empresa San Antonio, aclarando que las unidades llegan únicamente hasta la garita de cobro y los pasajeros completan un tramo peatonal de tres a cuatro cuadras. Si bien sostuvo que esto no constituye un abandono total del servicio, advirtió que en caso de que esto ocurra realizarán la denuncia formal ante la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) para exigir la incorporación de una nueva empresa que cubra la demanda.

 Asimismo, el municipio reclama a la firma una deuda estimada entre 12 y 15 millones de pesos en concepto de tasas municipales por actividades varias, cuestionando las declaraciones de la empresa sobre la cantidad real de pasajeros transportados frente al volumen de colectivos que operan con gran ocupación, al remarcar: "El colectivo viene lleno y se va más lleno que como vino". En esa línea, criticó fuertemente el foco comercial de la firma al señalar que "últimamente San Antonio parece más una empresa de encomienda que de transporte público", ya que facturan más por llevar carga que pasajeros sin tributar lo que corresponde.

​En paralelo, Zigarán remarcó que otro de los frentes más urgentes a resolver es el profundo sobredimensionamiento en el parque automotor de taxis y remises, tanto locales como provenientes de Orán, al señalar que "está sobredimensionado el parque automotor, hay 90 taxis habilitados en Aguas Blancas cuando debería corresponder un taxi cada 500 o un taxi cada 1.000 habitantes". Mientras que por parámetros demográficos estándar correspondería un taxi cada 500 o 1.000 habitantes ,lo que significaría unos ocho vehículos para una población de 4.000 personas, en la localidad operan cerca de 90 taxis habilitados junto a más de un centenar de unidades de Orán. Esta superpoblación genera un colapso físico en la puerta de la terminal y situaciones de conflictividad que, según el interventor, exceden al municipio y corresponden a la órbita policial y judicial. No obstante, destacó que recientemente se firmó un convenio con la Agencia Provincial de Seguridad Vial para que la Jefatura de Policía actúe como tribunal de faltas y las multas comiencen a tener efectivo impacto en los registros de conducir.

​En cuanto al sector de trabajadores informales y bagayeros, el municipio inició un trabajo de identificación y censo enfocado específicamente en los carreros locales para organizarlos y diferenciarlos de aquellos trabajadores provenientes de Bolivia que les restan labor en la zona. Si bien los bagayeros se resisten a este proceso de identificación, desde el ejecutivo comunal respetan su postura al tratarse de una dinámica propia de una zona de frontera nacional, donde el funcionario enfatizó que "los bagayeros no se quieren identificar, nosotros respetamos que no lo hagan, para nosotros sería mejor que estén identificados, pero cada cual en lo suyo, eso es un área de frontera nacional".