Docentes, estudiantes y organizaciones gremiales encabezarán este martes una nueva Marcha Federal Universitaria en reclamo por el financiamiento de la educación superior y la actualización salarial de los trabajadores del sector. La movilización, que tendrá su epicentro en la Plaza de Mayo a partir de las 17:00 horas, se replicará en las principales ciudades del país y representa la cuarta gran protesta nacional desde el inicio de la gestión de Javier Milei. El eje central de la convocatoria es la exigencia al Poder Ejecutivo para que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, la cual fue aprobada por el Congreso y ratificada tras el rechazo legislativo al veto presidencial, pero cuya ejecución permanece suspendida bajo el argumento oficial de mantener el equilibrio fiscal.
La situación en las casas de altos estudios se ha vuelto crítica debido a una caída real del presupuesto del 28,9% en los últimos dos años, lo que sitúa la inversión universitaria en uno de sus niveles más bajos de las últimas décadas. A este panorama se suma el conflicto salarial, con informes técnicos que señalan una pérdida del poder adquisitivo superior al 33% para los docentes desde finales de 2023. Ante la falta de respuestas en las instancias de diálogo y tras dos fallos judiciales que ordenan la aplicación de la ley vigente, las autoridades académicas y los sindicatos sostienen que la movilización masiva es la última herramienta disponible para garantizar el funcionamiento básico de las instituciones y la investigación científica nacional.
Como antesala a la movilización, diversas facultades de la Universidad de Buenos Aires realizaron clases públicas en las calles para visibilizar el conflicto ante la sociedad. Mientras tanto, el Gobierno ha mantenido una postura de confrontación, judicializando los fallos en su contra y solicitando a los rectores planes de contingencia para asegurar el dictado de clases frente a las medidas de fuerza. La marcha contará con un amplio respaldo político y sindical, incluyendo a la CGT, las dos CTA y diversos bloques de la oposición, quienes coinciden en que el desfinanciamiento actual pone en riesgo capacidades estratégicas del Estado y el futuro de la educación pública en la Argentina.
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