La mayor obra social del país atraviesa una crisis profunda que ha derivado en un paro de 72 horas por parte de los médicos de cabecera en protesta por la reciente Resolución 1107/2026. Esta normativa modificó el sistema de honorarios, eliminando pagos por consultas específicas y capacitaciones para implementar una cápita fija que, según denuncian los profesionales, reduce sus ingresos a la mitad. La medida de fuerza agrava un escenario de desfinanciamiento donde la falta de pago a proveedores, que en algunos casos llega a los siete meses, ha paralizado la entrega de insumos críticos y prótesis para cirugías programadas.
El impacto directo en los afiliados se manifiesta en un colapso del sistema de turnos y la suspensión de intervenciones quirúrgicas de urgencia, afectando a casi seis millones de jubilados y pensionados. Desde los centros de salud informan que la capacidad operativa fue recortada drásticamente desde fines del año pasado, lo que genera cuellos de botella que impiden reprogramar las prestaciones de manera inmediata. En diversas localidades, las agendas de especialistas ya se encuentran completas hasta el mes de junio, dejando a los pacientes en una situación de vulnerabilidad ante patologías que requieren atención inmediata.
Esta situación se enmarca en un estricto plan de ajuste presupuestario impulsado por el Poder Ejecutivo, que condiciona el saneamiento de las deudas del organismo a un recorte persistente en las prestaciones. El Defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, comparó la gravedad de este escenario con las crisis históricas de 1995 y 2001, advirtiendo que el conflicto ya se ha extendido desde las provincias del interior hacia los grandes centros urbanos. Ante la falta de respuestas oficiales, se ha dispuesto que los afectados realicen sus reclamos ante la Defensoría para intentar gestionar soluciones individuales frente a la falta de cobertura médica.
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