IOSFA: Desprotección y servicios cortados en Orán

La situación en la ciudad de Orán ha cruzado un límite crítico. Mientras los efectivos de Gendarmería Nacional, Prefectura, el Ejército y la Policía Federal continúan recibiendo los descuentos obligatorios en sus recibos de sueldo, la contraprestación de salud ha desaparecido de las clínicas privadas. Lo que hoy se vive en la calle Uriburu al 280 no es solo un trámite administrativo, es el reflejo de un sistema que ha abandonado a quienes tienen la responsabilidad de proteger la frontera y la seguridad del país, dejando a sus familias en un estado de vulnerabilidad absoluta.

El corte total de servicios por parte de los prestadores privados en la provincia de Salta responde a una deuda acumulada que asfixia al sistema. Las clínicas, agotadas por la falta de pagos de la obra social, han dejado de recibir turnos programados, estudios de alta complejidad y cirugías, limitándose únicamente a atender urgencias extremas de riesgo de vida. Esta situación empuja a los afiliados a una "peregrinación" desesperada hacia el Hospital San Vicente de Paúl, saturando el sistema público y obligando a los efectivos a atenderse como si no contaran con una cobertura por la que pagan mes a mes.

Resulta alarmante la falta de gestión ante casos de traslados y derivaciones. Los testimonios de pacientes deambulando en ambulancias buscando una cama que nadie quiere otorgar por falta de convenio son una constante que se repite. En las oficinas locales, la respuesta se limita a derivaciones burocráticas hacia Salta Capital o Jujuy, ignorando que muchas veces el paciente no cuenta con el tiempo ni los recursos para encarar un viaje de cientos de kilómetros para una atención que debería estar garantizada de forma local.

En cuanto a la cobertura de medicamentos, el panorama es igualmente desolador. El histórico beneficio del 100% en tratamientos específicos se ha vuelto un laberinto de formularios y auditorías que pocas veces llegan a buen puerto, dejando al afiliado con un magro 40% de cobertura que resulta insuficiente frente a la inflación de los insumos médicos. El malestar se extiende a la cúpula del Ministerio de Defensa, donde las denuncias por retención de aportes sin prestación efectiva comienzan a ganar peso legal, ante la pasividad de una obra social que parece haber olvidado su función social y humanitaria.

Es urgente que las autoridades de IOSFA y el Ministerio de Defensa normalicen los pagos a la red de clínicas de Orán y la región. No se puede exigir vocación de servicio a un gendarme o a un policía mientras su familia queda desamparada ante una enfermedad. La salud no es un favor ni una concesión, es un derecho que se está pagando con cada salario y que hoy, lamentablemente, se está cobrando con la angustia y la vida de los afiliados.