“El 80% de los menores que recibimos es por adicciones”: la jueza Toledo Zamora pidió más prevención y recursos

La Dra. María Laura Toledo Zamora, integrante del Tribunal de Juicio y jueza con competencia en el Régimen Penal Juvenil del Distrito Orán, analizó el impacto de la entrada en vigencia del nuevo marco legal que establece la responsabilidad penal para adolescentes de entre 14 y 17 años. La magistrada sostuvo una postura crítica respecto a las severas limitaciones operativas que enfrenta el interior provincial para dar cumplimiento a la ley, al tiempo que enfatizó la urgencia de trabajar en la contención social previa. Al respecto, la jueza remarcó que la intervención de los tribunales llega cuando las etapas previas fallaron: “Yo siempre digo que el problema empieza en casa; ya cuando llegó el problema a mí es porque no hubo prevención y no hubo contención”

En relación a las dinámicas delictivas y al contexto en el que se encuentran los jóvenes de la zona, la magistrada detalló que afrontan casos de robos calificados, abusos sexuales, delitos en redes sociales y violencia escolar con armas blancas. Sin embargo, puso el foco en la problemática del consumo como factor determinante en el fuero penal: “El tema de las adicciones está instalado en las mejores familias, en todos los estratos sociales, y es el 80% de los menores que recibimos”. Asimismo, subrayó que al revisar los expedientes se observa “un abandono material y moral importante”, lo que exige analizar cada situación socioeducativa antes de resolver.

Respecto a la aplicación de las sanciones, Toledo Zamora explicó que la normativa fija un límite de 15 años de prisión, prohíbe la prisión perpetua e incorpora alternativas como amonestaciones, trabajos comunitarios y monitoreo electrónico. No obstante, advirtió que la pena privativa de la libertad debe ser el último recurso ante la escasez de espacio edilicio y de personal capacitado en la región: “Tenemos 24 camas para varones en un distrito de más de 150.000 habitantes y no tenemos donde alojar a las menores mujeres; la lógica dice que con la baja de imputabilidad vamos a tener que encerrar a más menores, pero nos faltan recursos y equipos interdisciplinarios para funcionar”.