El abogado Joaquín Vélez planteó una revisión profunda sobre la situación legal de la hoja de coca en Argentina, argumentando que su actual prohibición carece de fundamentos científicos y responde a una decisión burocrática del pasado. Según el letrado, la inclusión de la coca en el listado de precursores químicos, vigente desde 1976, no se debió a efectos perjudiciales para la salud, sino a una adhesión mecánica a normativas internacionales que ignoró el valor cultural y ancestral del producto en la región.
El especialista sostuvo que el Estado Nacional podría resolver esta problemática mediante una medida administrativa, eliminando la hoja de coca de dicho listado a través de un decreto presidencial. Esta acción permitiría regularizar la importación y comercialización del producto de manera controlada, eliminando las contradicciones actuales en las que tanto funcionarios públicos como integrantes de las fuerzas de seguridad consumen la hoja mientras el sistema judicial destina recursos significativos a su persecución y secuestro.
La propuesta central de Vélez es que el Estado asuma el rol de importador y comercializador único, garantizando así un estricto control de calidad y convirtiendo un mercado que hoy opera en la ilegalidad en una fuente de recursos genuinos. Según el abogado, estos ingresos podrían reinvertirse en el fortalecimiento de áreas críticas como la infraestructura vial y el salario de las fuerzas de seguridad, alejando a los actores ilegales que actualmente lucran con el mercado informal.
El entrevistado comparó esta situación con otros procesos históricos de prohibición que terminaron siendo ineficaces, como ocurrió con el alcohol o el divorcio. Vélez concluyó que el camino hacia una solución definitiva implica abandonar la lógica de la criminalización y transitar hacia un modelo de regulación inteligente, capaz de reconocer las costumbres locales sin descuidar los controles sanitarios ni la gestión de los bienes públicos.
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