Empleados de seguridad hospitalaria al límite: reclaman sueldos adeudados y denuncian precarización

La incertidumbre y la preocupación se han instalado entre el personal de seguridad privada que presta servicios en los hospitales San Vicente de Paul, de Orán, y en el nosocomio de Salvador Mazza. Tras meses de reclamos sostenidos, los trabajadores, nucleados bajo la empresa Centinela SRL, denunciaron una situación de explotación laboral y falta de pago que afecta a cerca de 70 familias en el norte provincial. Javier Romero, delegado regional de UPSRA, informó que la firma adeuda los haberes correspondientes a abril y mayo, dejando a los operarios en una situación de vulnerabilidad extrema ante la proximidad de los plazos para el pago del aguinaldo.

El malestar también se centra en la brecha salarial, dado que los vigiladores perciben actualmente 600 mil pesos, cifra que se encuentra muy por debajo del 1.584.000 pesos estipulado por el convenio colectivo vigente. A esta realidad se suma la denuncia por extensas jornadas laborales de 12 horas diarias, totalizando más de 240 horas mensuales, lo cual contraviene las normativas de la Ley de Contrato de Trabajo que establece límites estrictos para proteger la salud y el descanso del personal.

Ante la falta de soluciones concretas, Romero confirmó que, a partir de la medianoche de hoy, se llevará adelante un quite de colaboración acompañado por un acampe en las puertas de los establecimientos afectados. Los referentes del sindicato responsabilizan directamente al empresario José Lino Rojas, pero también señalaron al Ministerio de Salud de la Provincia como responsable solidario. Aseguran que la cartera sanitaria, encabezada por Federico Mangione, mantiene una postura pasiva a pesar de tener conocimiento pleno sobre las reiteradas irregularidades de la empresa prestataria.

La exigencia de los trabajadores es clara: demandan una intervención urgente de las autoridades provinciales para garantizar el pago de los salarios adeudados y evaluar un cambio de empresa contratista. Mientras tanto, el personal afectado asegura que, ante la falta de ingresos básicos para cubrir necesidades elementales como alquileres y alimentación, no tienen otra opción que profundizar las medidas de fuerza para visibilizar un conflicto que se arrastra desde hace años y que, hasta el momento, no ha encontrado una respuesta resolutiva.