El Ministerio de Salud Pública de Salta encendió las alarmas tras confirmar un preocupante retroceso en los indicadores de salud sexual y reproductiva de la provincia. Según declaraciones de la subsecretaria de Medicina Social, Gabriela Dorigato, los embarazos en niñas menores de 15 años ascendieron a un total de 189 casos durante el último año, una cifra que prácticamente duplica los 89 registros que se habían logrado alcanzar previamente gracias a sostenidas políticas de prevención. Desde la cartera sanitaria provincial calificaron la situación como una pérdida alarmante de los casilleros avanzados en materia de derechos y contención en el territorio.
Las autoridades vinculan de manera directa este incremento con la falta de financiamiento y la suspensión del envío de insumos esenciales por parte del Gobierno nacional, tales como anticonceptivos orales e implantes subdérmicos de larga duración. Esta interrupción desarticuló una estrategia territorial de más de seis años que combinaba talleres de Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas, campañas comunitarias y el acceso efectivo a métodos de barrera y hormonales. La pérdida de estos recursos clave ha dejado a una gran parte de la población adolescente desprotegida y sin herramientas fundamentales para la toma de decisiones informadas sobre su propio cuerpo.
Más allá del impacto estadístico, la problemática expone una realidad social profunda que altera drásticamente los proyectos de vida de las jóvenes salteñas. El embarazo en la temprana adolescencia no solo conlleva severos riesgos para la salud física y emocional de las menores, sino que también produce una deserción escolar masiva y profundiza las brechas socioeconómicas en sus entornos familiares. Ante este escenario restrictivo, los profesionales de la salud advierten sobre la urgencia de reestructurar las redes de contención locales para frenar una tendencia que vulnera los derechos más básicos de la niñez en la región.
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