Adorni defendió la legalidad de su patrimonio:  "todo lo que tiene que estar declarado, está declarado"

En una jornada marcada por la tensión política y el respaldo directo del Presidente en los palcos, Manuel Adorni se presentó ante la Cámara de Diputados para ofrecer su primer informe de gestión, enfrentando una de las sesiones más inquisitivas de los últimos tiempos. El Jefe de Gabinete buscó despejar las dudas que pesan sobre el crecimiento de sus bienes personales, asegurando que su declaración jurada se ajusta estrictamente a la normativa vigente y que cuenta con el visto bueno de la Oficina Anticorrupción. No obstante, el centro del debate se mantuvo en la omisión inicial de activos de alto valor, como un departamento en el barrio de Caballito y una propiedad en un exclusivo country de la provincia de Buenos Aires, adquisiciones que la oposición señala como incompatibles con sus ingresos declarados anteriormente.

La defensa del funcionario se apoyó en la judicialización de estos temas, utilizando el proceso legal en curso como un resguardo para no profundizar en detalles técnicos frente a los legisladores. Adorni insistió en que los movimientos patrimoniales bajo sospecha están debidamente documentados y que cualquier interpretación de irregularidad responde a una "operación mediática". Esta postura generó fuertes cruces en el recinto, donde los bloques opositores cuestionaron la ética de la administración actual, mientras que el oficialismo cerró filas argumentando que se trata de un hostigamiento infundado contra una de las figuras más visibles del Gobierno.

Respecto a los polémicos viajes al exterior, la explicación oficial se centró en distinguir lo público de lo privado. El Jefe de Gabinete aclaró que sus traslados a destinos como Punta del Este fueron costeados con fondos propios, negando cualquier tipo de financiamiento por parte de contratistas estatales. Sobre la presencia de su esposa en comitivas oficiales, Adorni se remitió al reciente archivo de la causa judicial por parte del juez Daniel Rafecas, subrayando que no hubo gastos de alojamiento adicionales para el Estado y que la participación de sus familiares se dio bajo la figura de "invitados", lo cual, según su visión, liquida cualquier sospecha de malversación de fondos públicos.

Por último, el cuestionamiento sobre los vínculos comerciales con el productor Marcelo Grandio y supuestos pagos indirectos hacia sus cuentas personales fue abordado con una negativa rotunda. El funcionario desestimó las acusaciones de conflicto de intereses vinculadas a contratos en la Televisión Pública, calificando la información circulante como tendenciosa. Al concluir su exposición, quedó en el aire un interrogante que trasciende los datos técnicos: si las explicaciones brindadas logran satisfacer el estándar de transparencia exigido a la función pública o si, por el contrario, el manto de duda judicial continuará erosionando la credibilidad de la vocería gubernamental.