En una reciente entrevista, el diputado nacional Bernardo Biella manifestó la urgente necesidad de reformar la Ley de Salud Mental 26.657, señalando que la normativa vigente presenta fallas críticas en su aplicación práctica, especialmente en el abordaje de las adicciones. El planteo central del legislador radica en la modificación del artículo cuarto para permitir que familiares, tutores o curadores, en consenso con el médico tratante, tengan la facultad de decidir tanto la internación como el alta médica. Esta iniciativa busca evitar el fenómeno del "alta voluntaria" prematura, que permite que pacientes bajo los efectos de estupefacientes abandonen el tratamiento antes de completar su desintoxicación, regresando de inmediato a situaciones de vulnerabilidad y consumo en la vía pública sin que el entorno familiar pueda intervenir legalmente.
La problemática se ve agravada, según Biella, por una histórica falta de ejecución presupuestaria que ha impedido la creación de infraestructura adecuada y la capacitación de equipos interdisciplinarios. El diputado denunció que, ante la carencia de salas especializadas en los hospitales de la provincia, los jóvenes en crisis de abstinencia suelen ser derivados a terapias intensivas comunes, generando situaciones de angustia para otros pacientes críticos. A pesar de que estas modificaciones han sido presentadas sistemáticamente desde el año 2011, la falta de asignación de fondos específicos en el presupuesto nacional continúa siendo el principal obstáculo para que la ley sea efectivamente aplicable y no una mera declaración de principios.
En el ámbito económico, el legislador trasladó el reclamo hacia el desequilibrio en la coparticipación y la falta de transparencia en el manejo de fondos recaudados a través de impuestos específicos, como el de los combustibles. Biella expuso con preocupación que la provincia de Salta entrega a la Nación seis de cada ocho pesos recaudados, recibiendo a cambio una inversión que no cubre las necesidades básicas. Esta situación se traduce en deudas con prestadores de servicios para personas con discapacidad, que mantienen pagos atrasados desde octubre del año pasado, y en una creciente incertidumbre sobre el destino de los impuestos que deberían retornar en servicios esenciales para los salteños.
Finalmente, el diputado extendió su preocupación a la situación del Programa Remediar, calificándolo como una herramienta fundamental que garantiza el acceso a medicamentos para pacientes crónicos y cardiológicos. Biella advirtió que el traslado de esta responsabilidad a las provincias representa un ajuste sobre los sectores más vulnerables. En este contexto, cuestionó la coherencia de otros representantes legislativos que, a pesar de sostener un discurso federalista, terminan acompañando medidas centralistas que profundizan la crisis sanitaria en el interior del país, dejando a las gerencias hospitalarias locales sin los recursos necesarios para enfrentar la demanda cotidiana.
Te puede interesar
Lo más visto
