El Poder Ejecutivo Nacional presentó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia con el propósito de obtener la suspensión de la Ley de Financiamiento Universitario, fundamentando que la normativa es inejecutable al no precisar las fuentes de recursos para su aplicación. La Casa Rosada sostiene que la ley omite el detalle de las partidas que deberían modificarse para afrontar el gasto, lo que entraría en conflicto con las normativas de administración financiera vigentes y pondría en riesgo la meta del déficit cero.
Este movimiento judicial representa un intento por revertir el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que recientemente había ordenado el cumplimiento inmediato de la actualización salarial para docentes y no docentes. El argumento oficial ante el máximo tribunal insiste en que no se pueden girar fondos que no han sido debidamente asignados en el presupuesto nacional, buscando así frenar las cautelares que obligan al Estado a realizar los desembolsos de manera urgente.
Mientras la justicia resuelve la cuestión de fondo, el Gobierno planea administrar las partidas de forma mensual a lo largo del año, evitando un pago retroactivo masivo que impacte en las cuentas públicas. Por su parte, el sector académico y las autoridades universitarias advierten que la dilatación del conflicto judicial profundiza la incertidumbre sobre el funcionamiento de las instituciones, dejando en manos de los ministros de la Corte la resolución final sobre la vigencia y aplicación de la inversión educativa.
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