La resistencia docente regresó a la plaza

El conflicto salarial con las y los educadores públicos de Salta continúa latente. Seis docentes autoconvocadas reclaman desde el jueves una reunión con el primer mandatario salteño. Representan al sector que desconoce el acuerdo firmado por colegas el 9 de junio pasado.

La docencia salteña regresó a la plaza 9 de Julio en Salta capital con una huelga de hambre que comenzó el pasado jueves 29 de junio. Ayer por la tarde, eran 6 las docentes en huelga y representaban mayoritariamente a localidades de los departamentos General San Martín y Capital. 

Cinco docentes bilingües desistieron de continuar con la medida por problemas de salud. "Somos de Tartagal, Aguaray, Salta capital", detalló Romina Vega a este medio, maestra bilingüe de nivel inicial en la escuela 4707 de la comunidad ava guaraní del Paraje Tranquitas, en el municipio de Tartagal.

Es una de las educadoras salteñas que decidió acompañar la medida extrema que tiene por objeto continuar visibilizando el reclamo del colectivo de educadores públicos. Como ella, el resto de sus colegas optaron por la huelga "cansadas de volver llorando porque siempre nos traicionan". La frase refiere a la división que experimentó el colectivo entre el 7 y 9 de junio pasado, cuando un grupo de docentes firmó un acta y abrió un canal de negociación con el vicegobernador de la provincia, Antonio Marocco.

Las docentes en huelga de hambre representan al otro sector del colectivo que se opuso a esos acuerdos, se reorganizó en asambleas durante el mes pasado, expulsó a las y los delegados por considerar que "traicionaron la causa", y se resiste a firmar el Plan de Recuperación de Contenidos que se desprende de la resolución 163/23 del Ministerio de Educación de Salta, del 12 de junio pasado.

El grupo en huelga frente al Cabildo Histórico se completaba ayer con Claudia Valor, maestra de nivel primario en la escuela 4342 del paraje Campo Durán en Aguaray; Sandra Elena Arias, profesora del ciclo básico superior en la Escuela de Educación Técnica 3109 de Tartagal; Cristina Ortiz, docente de nivel primario en la escuela 4460 de Tartagal; María Luisa Irades, profesora del nivel primario intercultural bilingüe en la escuela 4277, también de Tartagal y actualmente delegada departamental, y Zulma Burgos, docente de educación especial en la escuela 4025 de Salta Capital. "Desde que llegamos, todas las tardes alrededor de las 19, realizamos una marcha por las calles del microcentro", agregó Rubén Loaiza, maestro de primaria que acompaña a sus colegas.

María Luisa Irades, Romina Vega, Cristina Ortiz y Ribén Loaiza (Imagen Analía Brizuela). 
Las educadoras en huelga de hambre representan a la docencia salteña que quiere discutir los puntos del petitorio presentado al gobierno de Salta el 23 de mayo pasado. Ese documento generó un expediente en el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y tecnología de Salta y contiene un detalle pormenorizado del sinceramiento que demandan sobre la grilla salarial docente. También el reclamo por titularizaciones pendientes y la estabilidad laboral para un número importante de docentes que continúan precarizados bajo la categoría "interinos".

Desde que regresaron a la plaza de Salta, estas docentes esperan que un funcionario de primera línea se acerque a dialogar, algo que hasta ayer todavía no había ocurrido. "Hasta ahora la policía nos cuida y nos vigila al mismo tiempo", dijeron a este medio. Las docentes recordaron que el 17 de junio en asamblea provincial nombraron al abogado Sergio Heredia para que represente al colectivo en la pelea jurídica que iniciaron por medio de una carta documento dirigida al vicegobernador, a quien intimaron a desistir la negociación con delegados cuyos mandatos fueron revocados.

"Nos vamos a quedar aquí hasta que nos atiendan", insistieron ayer. "Queremos dialogar con el ministro de Educación (Matías Cánepa), el ministro de Economía (Roberto Dib Ashur) o con el gobernador Gustavo Saénz", repitieron Romina Vega y Cristina Ortiz. "Queremos que mejoren la estructura edilicia de nuestras escuelas", agregó Vega, que compartió luego su experiencia diaria en la escuela 4707 de la Comunidad Ava Guaraní Tranquitas, ubicada al norte de la ciudad de Tartagal. 

"La escuela tiene 7 aulas, funciona jornada completa, y asisten alrededor de 300 niños, niñas, adolescentes y jóvenes adultos mayoritariamente de la comunidad", detalló a Salta/12. "Tenemos sala de 5 a la mañana y sala de 4 a la tarde, pero también estudiantes de primaria, secundaria y de noche el bachillerato para adultos. Todo en siete aulas". Contó que el mobiliario de cocina es insuficiente y que entre las y los educadores mantienen el equipamiento (cocinas, anafes. )"No pueden pretender (por el Ministerio de Educación) que brindemos tres comidas diarias con un presupuesto de $112 por día por estudiante", reclamó Ortiz que en su escuela vive una situación similar. "Cuando la ordenanza encargada de la cocina se accidentó nos respondieron que no podían designar más personal" pero "No podíamos dejar a los (y las) estudiantes sin alimentos".

Las docentes recordaron asimismo la existencia de explosivos de prospección sísmica (boosters) que aún permanecen bajo tierra y constituyen un peligro latente para la vida de niños y niñas del norte salteño. "No les interesa la escuela pública", opinó luego Ortiz, afectada en ese momento por la ingesta exclusiva de líquidos que, en su caso, sumaba ayer 5 días. "Queremos que se derogue el acuerdo firmado con el vicegobernador", recordó Rubén Loaiza.

"¿Hay turistas que se detengan a dialogar con ustedes?", preguntó Salta/12. La respuesta fue afirmativa: "Una pareja de suizos se sentaron con nosotras y, después de escucharnos con atención, nos expresaron su solidaridad porque ellos también eran docentes", contó Ortiz. "Se acercaron a preguntar qué hacíamos en la plaza docentes argentinas ya jubiladas y un grupo de profesores de Tucumán", agregó luego. "Nos dijeron que en sus provincias la situación con la docencia no es muy diferente". Ese diagnóstico, explicaron, implica que el conflicto de la educación pública argentina con los gobiernos provinciales mantiene hilos en común: salarios con un porcentaje de ítems que permanecen como no remunerativos y terminan afectando el sueldo de quienes se jubilan; básicos que no llegan al piso del salario mínimo vital y móvil que, desde abril de este año es de 80.342 pesos, y la eterna pelea por la mejora edilicia de los establecimientos educativos públicos.

(Imagen: gentileza Prensa Senado de Salta)
Durante la tarde de ayer, hubo un nuevo encuentro entre los y las docentes autoconvocados que firmaron el acuerdo del 9 de junio y el vicegobernador Marocco. Fue en la presidencia de la Cámara de Diputados salteña y participaron además el presidente de la Cámara de Diputados, Esteban Amat, el diputado Germán Rallé (del bloque oficialista Gustavo Sáenz Conducción, General Güemes), y los senadores, también oficialistas, Carlos Rosso (Frente Plural, General Güemes) y Jorge Soto (PJ, La Viña). Se informó que en esta mesa técnica se continuó analizando los puntos incluidos en el acta firmada el 9 de junio pasado para avanzar en los pedidos del sector.

Las docentes en huelga de hambre afirmaron que seguirán con esta medida hasta que funcionarios de primera línea acepten dialogar con el colectivo docente que desconoce las negociaciones que encabeza el vicegobernador de Salta.

Fuente : página 12