Justicia por Darío Molina: el reclamo de Alejandro González contra la desidia de IOSFA

​El abogado Alejandro González, quien vive de forma directa el dolor por el fallecimiento de su cuñado, el gendarme Darío Molina, ha iniciado una ofensiva judicial formal contra la obra social de las fuerzas de seguridad. La denuncia, que también representa a la familia de otro joven de 26 años fallecido, apunta a una falta de cobertura crítica y al incumplimiento sistemático de las prestaciones médicas en 21 provincias del país. El letrado sostiene que, mientras en Córdoba y Buenos Aires el servicio parece funcionar, en el resto del territorio nacional los uniformados quedan en un estado de total desprotección sanitaria.

​La indignación se fundamenta en los millonarios descuentos mensuales que sufren los efectivos en sus recibos de sueldo, sumas que pueden alcanzar los 200 mil pesos, sin que esto se traduzca en una atención digna en el sector privado. González denuncia que esta falta de respaldo obliga a los trabajadores de Gendarmería, cuyos salarios se encuentran mayoritariamente por debajo de la línea de pobreza, a recurrir a hospitales públicos saturados. Esta situación de desamparo financiero y médico se vuelve insostenible cuando los efectivos deben enfrentar enfermedades en zonas operativas críticas sin los elementos de prevención necesarios.

​La estrategia legal de González contempla no solo la denuncia contra la obra social, sino también una presentación ante la Superintendencia de Salud para que controle al organismo y un amparo colectivo para resguardar los derechos de todo el personal afectado. La investigación buscará determinar las responsabilidades en toda la cadena, incluyendo la gestión de los aportes por parte de Gendarmería Nacional y el accionar de los profesionales de salud intervinientes. Para el abogado, es fundamental analizar si el sistema de salud estaba realmente preparado para contener los cuadros clínicos que derivaron en estas muertes.

​Finalmente, González hace un llamado urgente a los representantes del Poder Legislativo para que emitan una expresión política contundente ante lo que considera un abandono del Estado hacia sus fuerzas de seguridad. Con el respaldo de su estudio jurídico, el abogado asegura que llegará hasta las últimas consecuencias legales para que estos fallecimientos no queden como un precedente más de negligencia. El objetivo es que se reconozca el derecho humano básico a la salud de quienes aportan rigurosamente cada mes y hoy se encuentran desamparados ante la emergencia.