¿Fiestas seguras o descontrol? El proyecto que busca terminar con las clandestinas en Salta.

La Cámara de Diputados de Salta otorgó media sanción a un proyecto de ley que busca endurecer las sanciones y multas contra la organización de fiestas clandestinas en toda la provincia. La iniciativa surge como una respuesta directa a la proliferación de eventos masivos no autorizados, un fenómeno que se ha intensificado en la etapa de pospandemia y que genera una creciente preocupación en materia de seguridad y salud pública. Según los fundamentos del proyecto, el objetivo central no es prohibir la recreación, sino garantizar que los espacios de esparcimiento cuenten con las medidas de control y seguridad necesarias para proteger a los asistentes, especialmente a los jóvenes.

Uno de los puntos más relevantes de esta nueva normativa es la incorporación de la responsabilidad solidaria para los propietarios de los inmuebles. A diferencia de la legislación actual, la sanción no recaerá únicamente sobre los organizadores de la fiesta, sino que la fiscalía podrá actuar también contra el dueño de la propiedad donde se realice el evento ilegal. Con esta medida, se pretende desalentar el alquiler de casas particulares, fincas o terrenos con pileta para fines comerciales que no cumplen con las habilitaciones municipales correspondientes.

Durante el debate legislativo, se pusieron de manifiesto las graves irregularidades detectadas en las clausuras recientes, que incluyen la presencia de menores de edad, venta desmedida de alcohol, episodios de violencia e intoxicaciones etílicas que terminan saturando las guardias de los hospitales locales cada fin de semana. Además, se destacó el impacto negativo en la seguridad ciudadana general, ya que un operativo de clausura de una fiesta clandestina puede demandar el despliegue de hasta 20 efectivos policiales, restando recursos al patrullaje preventivo en el resto de las barriadas.

El proyecto ahora pasará a la Cámara de Senadores para su revisión y eventual sanción definitiva. De aprobarse, la provincia contará con una herramienta legal más rigurosa para frenar un fenómeno que, potenciado por las altas temperaturas del norte argentino, sigue creciendo al margen de las normas de convivencia y seguridad vigentes.