

El fiscal penal Daniel Espilocin brindó detalles del juicio abreviado que expuso una serie de maniobras internas destinadas a manipular causas en curso, alterar pruebas y acceder de manera ilegal a expedientes judiciales.
Uno de los principales implicados fue Carlos Alfredo “Colo” Martínez, quien reconoció haber recibido datos confidenciales del abogado Roberto Ortega Serrano sobre la causa por el homicidio de su hermano. Con esa información, Martínez borró contenido de su teléfono antes de declarar, afectando directamente la investigación. Por estos hechos, recibió 1 año y 2 meses de prisión, además de 4 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Ortega Serrano, por su parte, admitió haber entrado sin autorización a un expediente judicial, obteniendo información reservada sobre allanamientos, secuestro de dispositivos electrónicos y testimoniales. Parte de esos datos —según precisó Espilocin— fueron enviados por WhatsApp, permitiendo a terceros anticiparse a medidas ordenadas por la Fiscalía. Fue condenado a 2 años y 6 meses de prisión condicional, por lo que seguirá en libertad bajo reglas de conducta.
El tercer imputado, Héctor Manuel Alderete, reconoció haber intermediado entre Ortega y un magistrado para gestionar pagos a cambio de resoluciones favorables. Como consecuencia, se le dictó inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.
CÓMO CULMINÓ EL JUICIO
El proceso terminó con un acuerdo de juicio abreviado en el que los tres acusados aceptaron su responsabilidad. Ninguno quedó detenido: Martínez obtuvo una pena leve, Ortega recibió prisión condicional y Alderete solo inhabilitación. Los tres permanecen en libertad.
Espilocin subrayó que, pese a la gravedad institucional, la legislación vigente permite este tipo de resoluciones. “La comunidad necesita ver que el sistema funciona con transparencia”, expresó, al tiempo que reclamó mejoras en infraestructura y recursos para afrontar
causas sensibles.



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