Luego de lo ocurrido en finca Carina, el comandante Ramón Pizeta recibió una orden tajante: debía presentarse de inmediato en la capital provincial. Pero la sorpresa fue aún mayor cuando se le informó que ya no continuaría al frente de la Unidad de Procedimientos Judiciales.
Cada cargo de este tipo suele extenderse al menos por dos años. Sin embargo, Pizeta, que había asumido el 18 de diciembre, fue desplazado el 4 de agosto, apenas ocho meses después.
Este movimiento repentino abre interrogantes inevitables. ¿Se trató de una decisión por su origen local? ¿O acaso Pizeta estaba investigando o cuestionando situaciones incómodas para alguien? Otra mirada, no menos inquietante, apunta a la posibilidad de que el propio comandante haya quedado involucrado en algún hecho de corrupción o, por el contrario, estuviera descubriendo maniobras que a ciertos sectores no les convenía que salieran a la luz.
Lo concreto es que la orden lleva la firma del comandante Marcelo Adrián de la Cruz, actual jefe de la Región 9 de Gendarmería, antes conocida como la Agrupación Séptima. La comunidad tiene el derecho de exigirle explicaciones: ¿por qué se tomó esta decisión de la noche a la mañana?
No se trata de un favor ni de una “gauchada”. La transparencia es una obligación. La frontera, marcada históricamente por irregularidades y atravesada por intereses diversos, no puede seguir funcionando bajo el manto del silencio.
Si el desplazamiento de Pizeta responde a una cuestión disciplinaria, debe aclararse. Y si, como sospechan algunos, “metió los dedos en el enchufe” investigando lo que no debía, la sociedad merece saberlo.
La Gendarmería no puede sostener su legitimidad sin brindar información clara. Porque detrás de cada movimiento, detrás de cada nombre, está en juego algo más que un cargo: está en juego la confianza de toda una comunidad.
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