¿Qué pasó y cómo fue el atentado a la AMIA, el mayor ataque terrorista en Argentina?

El 18 de julio de 1994 a las 9:53 de la mañana de Buenos Aires, explotó una bomba en la sede de la centenaria Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, que desde entonces se considera como el mayor atentado terrorista que ha enfrentado el país.

Cada aniversario a esa hora exacta suena una sirena para conmemorar a las 85 víctimas fatales y a los más de 300 heridos, mientras continúa el pedido de justicia porque hoy, 30 años después, el atentado continúa impune.

La Justicia argentina señaló a Irán y al grupo extremista Hezbollah como responsables del hecho, pero no hay detenidos ni condenados y la investigación judicial ha estado minada de irregularidades.

La primera investigación estuvo a cargo del juez federal Juan José Galeano, quien determinó que se había utilizado un coche bomba y su supuesto propietario fue detenido pocos días después del atentado. Pero luego, la investigación comenzó a empantanarse hasta que quedó al descubierto toda una trama de encubrimiento que incluía al propio juez y a parte de los fiscales a cargo.

Así, años más tarde, Galeano terminó destituido y, junto a esos fiscales y funcionarios de inteligencia, condenado por el encubrimiento en este caso, luego de probarse, entre otras cosas, que el propietario del vehículo había recibido 400 mil dólares para involucrar a un grupo de policías.

Un fallo de hace pocas semanas de la Cámara de Casación Penal confirmó las condenas, aunque redujo sus penas.

Dadas las irregularidades presentadas, en diciembre de 2003 Galeano fue apartado de la causa, su investigación fue anulada en septiembre de 2004 y se absolvieron a los imputados porque la Justicia entendió que “el juez instructor orientó su actuación a ‘construir’ una hipótesis incriminatoria, pretendiendo atender, de ese modo, las lógicas demandas de la sociedad, a la vez que satisfacer oscuros intereses de gobernantes inescrupulosos”.

En el gobierno de Argentina se encontraba Néstor Kirchner, pero la referencia era a Carlos Menem, que había gobernado el país entre 1989 y 1999 y también estuvo juzgado por el encubrimiento del atentado, pero terminó sobreseído. Bajo su presidencia, dos años antes del atentado a la AMIA, el 17 de marzo de 1992, el país había sufrido otro ataque terrorista que permanece impune: una bomba había volado la sede de la embajada de Israel en Buenos Aires.

A partir de ese fallo de 2004 se dispuso la creación de una fiscalía especial para la causa AMIA a cargo de Alberto Nisman, quien atribuyó la autoría intelectual a nueve miembros del gobierno de Irán y de Hezbollah. También se emitieron las “alertas rojas” de detención internacional de Interpol para cinco de ellos, que aún están vigentes, pero no avanzó en la conexión local.

En 2005, Kirchner firmó un decreto por el cual se aceptó la responsabilidad del Estado por la falta de esclarecimiento de la causa AMIA y pocos días más tarde Galeano fue destituido como juez, a raíz de su actuación en esa causa.

Sin embargo, en 2009 la Corte Suprema anuló el fallo de 2004 que absolvía a los imputados de la primera investigación, aunque en 2020 el dueño del vehículo volvió a ser absuelto porque no pudo probarse su responsabilidad.

Nisman y el memorándum

La investigación del atentado estaba estancada desde 2006 por la imposibilidad de indagar a los iraníes.

En febrero de 2013, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner firmó un memorándum de entendimiento con la República Islámica de Irán. El objetivo, supuestamente, era destrabar la investigación y que los iraníes señalados pudieran ser interrogados por una comisión de juristas internacionales en Teherán.

El Congreso argentino lo aprobó convirtiéndolo en ley, pero en mayo de 2014 la Justicia argentina declaró la inconstitucionalidad del memorándum, que tampoco entró en vigor porque el Parlamento de Irán nunca lo aprobó, requisito necesario para su puesta en funcionamiento.

En enero de 2015, Nisman presentó una denuncia contra Fernández de Kirchner y otros funcionarios por un supuesto encubrimiento del atentado a través de este memorándum. Nisman fue hallado muerto a los pocos días en un hecho aún no esclarecido.

Su denuncia tuvo un largo derrotero: primero fue desestimada en todas las instancias de la justicia federal porque los jueces entendieron que al no haber entrado en vigencia el memorándum, el supuesto delito denunciado no se habría cometido.

Pero luego, durante la presidencia de Mauricio Macri, la causa fue reabierta, con Fernández de Kirchner y otros funcionarios procesados con prisión preventiva (que la expresidenta pudo evitar porque en ese momento era senadora y tenía fueros) y enviados a un juicio oral. La exmandataria sostenía que era una persecución política en su contra, como otras causas judiciales por supuesta corrupción que enfrentaba.

En octubre de 2021, cuando Fernández de Kirchner ya era vicepresidenta, otro tribunal sobreseyó a los procesados antes del inicio de ese juicio. El fallo fue apelado y ahora la Corte Suprema de Justicia es la que tiene la última palabra.

Hace un mes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, luego de 25 años de litigio, condenó al Estado argentino por no haber cumplido con su deber de investigar el atentado y su encubrimiento.