En un contexto en el que las prepagas están en el ojo de la tormenta por haber aplicado un elevado aumento en sus cuotas y ser obligadas luego por el Gobierno a dar marcha atrás, la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (Caeme), que agrupa a los laboratorios de origen extranjero en el país, anunció un congelamiento de precios de los medicamentos por 30 días.
Mediante un comunicado, se expresó: “La Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (Caeme), que representa a 41 compañías de innovación farmacéutica que investigan, desarrollan y comercializan medicamentos en el país, manifestó su disposición para acompañar las medidas destinadas a fortalecer el sistema de salud argentino, congelando los precios de los medicamentos por un periodo de 30 días, a partir del día de la fecha, en consonancia con la política de estabilización de las variables de la economía argentina”.
Asimismo, se explicó que, en función de lo expuesto, cada laboratorio asociado ejercerá la facultad de adherir individualmente a esta iniciativa. “Caeme reitera su compromiso por contribuir y promover el acceso oportuno y equitativo por parte de los pacientes a medicamentos y tratamientos innovadores en un marco de sustentabilidad y transparencia”, concluyó el comunicado.
Por su parte, fuentes de los laboratorios nacionales dijeron que éstos no se sumarán al congelamiento anunciado por Caeme. Pero añadieron: “Estamos acompañando al Gobierno ajustando por debajo de la inflación; son 9,1 puntos por debajo del IPC en el primer trimestre. En en el mes corriente las variaciones son menores y muy por debajo de la inflación”.
A la hora de argumentar esta decisión, las mismas fuentes, explicaron: la cámara que agrupa a los laboratorios nacionales “no tiene incidencia en la política comercial” de cada uno de ellos.
La medida que restringe las subas de cuotas de las prepagas, anunciada por el Gobierno, tiene alcance solo para Galeno, Medifé, Swiss Medical, Omint, OSDE, Hospital Británico y Hospital Alemán. La Secretaría de Comercio resolvió ir más allá de una sanción para esos casos, y estableció una regulación, al disponer exactamente cómo deben ser los aumentos, al menos por un período de seis meses. Pero esa regla, que en la práctica implica una intervención del Estado, recae solo sobre un grupo de empresas y no sobre la totalidad, lo cual genera un escenario de inequidad.
En esos casos, para definir cuánto cobrar a sus afiliados, las prepagas deberán considerar el valor de sus cuotas de diciembre de 2023 y aplicar un reajuste equivalente, como máximo, a la inflación que se haya acumulado al período correspondiente. En la práctica, los importes hoy facturados son muy superiores a los que resultan de hacer esa cuenta -en lo que va del año hubo subas, en promedio, de 140% a 160%-y, por esa razón, la medida implica una baja muy significativa de los valores.