Causa Libra: la Justicia sobreseyó al presidente Javier Milei y a su hermana Karina

El Juzgado Criminal y Correccional Federal 8resolvió este viernes sobreseer al presidente Javier Milei y a su hermana Karina Milei en la denominada causa Libra, expediente que investigaba una presunta megaestafa con criptomonedas y posibles delitos económicos vinculados al lanzamiento de un activo digital. El juez Marcelo Martínez de Giorgi adoptó la medida tras avalar el pedido presentado por el fiscal federal Eduardo Taiano, al considerar que los hechos analizados no encuadran en una figura penal.

Los fundamentos del fallo judicial

La resolución judicial se fundamentó en el artículo 336, inciso tercero, del Código Procesal Penal de la Nación, que establece el sobreseimiento cuando los hechos investigados no constituyen delito. El alcance de la medida también benefició a otros nueve imputados, entre los que figuran Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y el empresario estadounidense Hayden Davis.

La investigación se originó a partir de denuncias radicadas tras el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, concretado el 14 de febrero de 2025. En esa fecha, el Presidente había publicado en su cuenta oficial de la red social X un mensaje en el que mencionaba el proyecto y difundía la dirección del contrato del activo digital. Según consta en la causa, el valor del token registró una suba inicial seguida de un posterior desplome, lo que derivó en reclamos por pérdidas patrimoniales de inversores.

La investigación y el análisis sobre el rol presidencial

Durante el proceso, la fiscalía llevó a cabo allanamientos, pericias digitales, análisis de trazabilidad de operaciones en la red Solana y solicitudes de cooperación internacional a Estados Unidos para rastrear movimientos financieros y identificar a los responsables de las billeteras virtuales asociadas.

En su resolución de 60 páginas, el magistrado sostuvo que no se logró acreditar un engaño penalmente relevante que configurara el delito de estafa. Si bien el fallo reconoció que la publicación presidencial pudo incrementar la visibilidad del proyecto y generar expectativas en el mercado, remarcó que ese elemento no demostraba una maniobra fraudulenta ni una falsedad orientada a inducir el perjuicio económico.

Asimismo, la Justicia desestimó los cargos por abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública al valorar un informe de la Oficina Anticorrupción, el cual determinó que el posteo no constituyó un acto institucional ni implicó el uso de recursos del Estado. El tribunal tampoco halló registros administrativos o acuerdos formales entre el mandatario y los creadores del criptoactivo.