Aguas Blancas y Salvador Mazza, junto al intendente Gustavo Subelza, interpusieron hoy un recurso de amparo ante la Justicia Federal para frenar la aplicación de la Resolución 5910 de ARCA y Aduana. La medida judicial busca frenar una normativa que impone un tope de 150 dólares diarios al Tráfico Vecinal Fronterizo y prohíbe a los comerciantes argentinos vender productos esenciales ,como trigo, sorgo, maíz, harina y azúcar en envases mayores a 10 kilos, a los vecinos de países limítrofes.
Desde el norte salteño advirtieron que esta resolución, dictada sin contemplar la realidad regional, actúa como un "decreto de muerte" para los municipios de frontera que dependen comercialmente del intercambio cotidiano. En lugar de frenar la ilegalidad, la norma castiga al comercio legal establecido desde la década del 80, destruyendo la red de contención socioeconómica y empujando toda operatoria hacia el contrabando. Ante este panorama, se espera que la Justicia dicte una medida cautelar urgente para amortiguar el impacto y proteger el trabajo formal en la región.
La presentación legal también advierte que el organismo recaudador incurrió en un manifiesto exceso reglamentario al asumir facultades de política económica y comercial exterior que son de competencia exclusiva del Poder Ejecutivo Nacional. Asimismo, se destacó que la imposición de estas restricciones vulnera de forma directa la autonomía municipal garantizada en la Constitución Nacional, afectando de manera crítica la recaudación local por tasas e impuestos y desprotegiendo a cientos de familias que dependen de esta actividad como única estrategia de subsistencia.
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